27 June 2017 ~ 0 Comentarios

EL LABERINTO COLONIAL BORICUA

Por Luis Dávila Colón

Hay un viejo axioma de la sabiduría isleña que dice que en Puerto Rico mientras más cambian las cosas, más permanecen igual.  La energía motriz de la sociedad puertorriqueña es la inercia.  A mayor actividad, menos movimiento.  A menor movimiento, mayor estancamiento.  Y es precisamente en ese letargo de los largos días veraniegos de calor, humedad y moscas, que transcurren los días, las semanas, los meses y los años en nuestro eterno mar de lamentaciones, recriminaciones y llamamientos para no actuar.  El puertorriqueño ha hecho una ciencia el actuar para no actuar, el mover para no moverse y el avanzar para estancar.

Parecerá poético el inicio de este escrito, pero no lo es.  Los eventos del mes de junio del año 2017 ejemplifican esa propensidad a languidecer permanentemente en la inmovilidad.

Con ello tomo reparo disidente y distancia respetuosa de aquellos que dicen que el voto y la participación democrática no valieron para cambiar lo que se debe cambiar.  Cuba y Venezuela son nuestro espejo.  Pocos tienen la fortuna de ver el futuro en la casa quemada del vecino.  En esto mi querido hermano, combato el fuego que mató a tu patria antes de que contagie y se propague en la mía.

  1. EL PLEBISCITO DE NUNCA FUE

Con pocos bombos y platillos y menos de un mes de campaña, pasó sin mucha pena ni gloria la consulta plebiscitaria del año 2017 al cabo de la cual, según portada de El Nuevo Día, “Todos se declararon ganadores”.  La cruda realidad es que nadie ganó.  Los números son de inmovilismo.  Y el inmovilismo es veneno para una sociedad catatónica en etapa de coma terminal.  Solo prevaleció la dejadez y el desinterés.  De aproximadamente 2,250,000  electores hábiles acudieron a las urnas 518,000.  Si se toma como base el 1.5M que acudió a las urnas, la movilización fue de 33%.  Esa asistencia de 23% o de 33% fue la más baja registrada en este tipo de consulta sobre la condición política de Puerto Rico.  Aunque la Estadidad obtuvo más de 503,000 (97%), lo cierto es que para la vasta mayoría del Pueblo, el ir a votar para hacer un reclamo de cambio de status no fue ni necesario, ni prioritario, ni esencial.

Ciertamente, no se pueden comparar chinas con botellas.  El maltrecho, agobiado y despoblado Puerto Rico del año 2017, no es el mismo Puerto Rico de la relativa prosperidad de 1998.  Veinte años hacen una gran diferencia.  Particularmente, una depresión y una bancarrota colectiva después.  Antes éramos 3.8M; hoy somos 3.4M y bajando.

La Isla está sufriendo su peor crisis existencial en ochenta años.  Una quiebra fiscal del gobierno, una recesión de este siglo que ha impactado una generación entera, un éxodo masivo de su población y una frustrante y endemoniada resistencia al cambio que, aunque no lo queramos, nos azota por todos lados.  El colonialismo con todos sus males, quebró a Puerto Rico.

Esa tendencia al “avestruzamiento” produjo los resultados que se dieron en el plebiscito.  Aunque ganó la Estadidad, predominó el desinterés.  Aunque prevaleció el que más votos sacó, en el insólito Macondo de la desinformática colonial boricua, triunfó “el que no votó”.  Todo ello, en aras de que vuelva a pasar nada.  Cosa que no es novedad en un enrarecido entorno electoral que durante veinte años en este tipo de consulta lo que ha producido son pluralidades coloniales demacradas (1993), columnas de “ninguna de las anteriores” (1998), medio millar de papeletas en blanco (2012), y un voto casi unánime y abrumador que, a fin de cuentas, el entorno social mediático vuelve a menospreciar y lo da como “perdedor”.  ¿Para qué?  Para que no pase nada.  Y mientras menos pase, más cosas pasan en nuestro estrepitoso decaer social.  ¿Suicida?  Sí.

  1. NUESTRA BOLA DE CRISTAL

La baja participación plebiscitaria no nos sorprende.  En mis informes periodísticos –a una semana antes del Plebiscito– anticipé lo siguiente:

Por su parte, el Plebiscito de Status no parece levantar mucho entusiasmo entre el electorado acostumbrado a la competencia partidista e ideológica electoral.  De un universo electoral de 2.3 millones de electores, los expertos prevén una participación ínfima entre los 250,000 y 300,000 electores.  Ni el propio partido en el poder pareció prestarle atención a la convocatoria electoral, legislada con bombos y platillos en el mes de febrero.  A finales de mayo, los llamados al boicot de parte de los partidos de oposición, los sindicatos, los estudiantes y la prensa en general parecían ganar más tracción que el interés por ir a votar.

En el peor de los escenarios de retraimiento electoral el boicot plebiscitario tendría las siguientes consecuencias inmediatas:

  1. Aunque la estadidad probablemente ganaría la contienda con más del 50% de los votos, la impresionante cifra de una abstención de 70% u 80% será utilizada por los detractores de la estadidad para evitar que el Congreso mueva un dedo para resolver el milenario problema colonial.
  2. El boicot está diseñado para restarle legitimidad y credibilidad al mandato. Su objetivo es que el veredicto inapelable de las urnas no sea validado y todo permanezca igual.
  3. Como resultado de ese impasse, la Junta de Control Fiscal Federal continuaría operando sin una expresión pública contundente de repulsa.
  4. Ese callejón sin salida en el cual Puerto Rico estaría atrapado en tiempo y espacio en una relación política con Estados Unidos que nadie quiere, en quiebra, en sindicatura federal, con un autonomismo territorial sin posibilidad de desarrollo y con una economía en acelerado decrecimiento por las medidas de control fiscal, muchos optarían por votar con las maletas y emigrar hacia los Estados Unidos.
  5. El cáncer colonial a su vez se metastizaría y Puerto Rico iría perdiendo aún más su base productiva, laboral y contributiva.
  6. Esto a su vez, pudiera debilitar la administración del Gobernador Ricardo Rosselló atrapada en una quiebra sin respiro, bajo las órdenes de una Junta de Control Fiscal Federal y derrotado por la apatía general de su propio electorado.
  7. El debilitamiento del gobierno estadista reforzará el nacionalismo insurgente y soberanista dentro de las filas del Partido Popular.
  8. Con un ELA territorial irreversiblemente en proceso de destrucción y descomposición, la evolución de ese partido hacia la soberanía parecería ser inevitable. Lo que generará más frustración, emigración y desasosiego.

 

Naturalmente, estas posibles consecuencias solamente ocurrirían en un escenario de masiva abstención electoral de 70% u 80%.  Otro sería el cantar si la participación superara medio millón de personas, o aproximadamente una tercera parte del electorado (1.5M) que se presentó a votar en noviembre del año 2016. De ahí para arriba, el impacto del mandato dependería del porcentaje de participación. A mayor participación, más peso tendría el mandato.  En ese contexto, una participación cercana al millón sería óptima.

  1. LAS CONSECUENCIAS DEL VOTO 11-J

Más allá de los números, hay unas consecuencias en la suma de los votantes y la resta de los ausentes.  Veamos el balance:

  1. La contundencia del voto abrumador a favor de la Estadidad, no tendrá una consecuencia inmediata en términos de cambiar el status político. La anómala realidad política en Washington D.C., matizada por el tirijala y la inestabilidad síquica de la administración Trump con el Congreso republicano, hace altamente improbable que llegue muy lejos el reclamo electoral de cambio.  Lo cierto es que esa administración es antihispana.  Y mientras prevalezca el nacionalismo anglosajón que asesora a la Casa Blanca, no hará espacio para reivindicaciones coloniales; mucho menos hispanas. De otro lado, la sospecha de que la Isla se inclina más hacia los demócratas, hará pensar dos veces al oficialismo republicano renuente a ceder su precario control del Senado Federal.

  1. A la corta, este voto le da a la administración del Gobernador Ricardo Rosselló un mandato renovado a favor de la Estadidad y una legitimidad a su política pública de mover recursos y fondos para hacer valer el mandato de 61% obtenido en el plebiscito del 2012 y el mandato electoral de 97% a favor de la Estadidad obtenido en esta última Consulta del 2017. Eso le permitirá al Gobernador justificar en ley el uso de fondos públicos para la ejecución de su Plan Tenesí y los gastos de representación y cabildeo en los distintos foros del Congreso, agencias ejecutivas, tribunales, entidades internacionales.

  1. En la democracia moderna la legitimidad se gana con los votos emitidos, indistintamente de tasas de participación. La fuente del poder político emana del Pueblo, que a su vez lo transmite con su participación en las urnas.  El que no vota, no cuenta.  En ese contexto, el mandato electoral con dos súper mayorías obtenidas en menos de 5 años, le permitirá al Gobierno mercadear la admisión de Puerto Rico como estado como una lucha reivindicatoria de derechos civiles.  Es decir, una nueva causa a nivel nacional que llene el vacío dejado por las luchas de la Comunidad LGBTT y refuerza, en cierto sentido, las reivindicaciones de los hispanos y de los inmigrantes, precisamente en la era del oscurantista Donald Trump.

¿Qué no darían pueblos oprimidos por la bota totalitaria, como Cuba y Venezuela, por ejercer el derecho a votar que en Puerto Rico la oposición le regatea al Pueblo?  Irónicamente fueron esas mismas naciones totalitarias que dirigen el Comité de Descolonización de los 24 de Naciones Unidas, los que descartaron el mandato en las urnas y endosaron nuevamente la independencia como única solución al problema del status.  La pregunta que se cae de la mata es, ¿Por qué Castro y Maduro tomaron exactamente la misma postura del Miami Herald desacreditando el mandato democrático de las urnas amparándose en una población electoral que en una tercera parte no consideró importante expresarse sobre el futuro político de Puerto Rico?  Deslegitimar las voces de medio millón de almas expresadas en las urnas, es como descartar las voces de los bravos disidentes venezolanos que a diario arriesgan vidas en las calles reclamando el voto y la democracia para cambiar de régimen.  Deslegitimar las voces de ese medio millón de boricuas, es como deslegitimar las voces de las Damas en Blanco y de los Fariñas y los presos políticos cubanos que dan sus vidas por poderse expresar democráticamente para cambiar de forma pacífica el régimen que los agobia en Cuba.

  1. Aunque no se anticipa un cambio de status en lo que resta del cuatrienio, este voto del 2017 le pudo haber dado velocidad a las vistas públicas en los distintos comités congresionales para sentar las bases del camino descolonizador. Sin embargo, ese no ha sido el caso, ya que el tema del status ha estado gravado por el problema de la deuda pública, la insolvencia del gobierno y la resistencia de la Junta de Control Fiscal en darle paso a la aprobación de Acuerdo de Reestructuración favorable a bonistas como el RSA de AEE.  A la semana de haberse celebrado el plebiscito, el alto liderato de la Comisión de Asuntos Insulares de la Cámara Federal, hizo claro que no le daría paso a la consideración de la estadidad mientras no se aprueben los pre- acuerdos con bonistas.  Lo que hace que dicha ruta sea angustiosamente larga, aun cuando esté sostenida por votos futuros.  Así por ejemplo, a Alaska le tomó 16 años y 8 congresos y a Hawai 20 años y 10 congresos lograr sus respectivas incorporaciones a la Unión.

  1. En términos económicos, el voto democrático –que no se puede negar que se registró en la dirección de una mayor unión a los Estados Unidos– pudiera aminorar la aceleración de la migración y le da, a mediano plazo, tranquilidad y estabilidad a los mercados, a los acreedores y a los inversores. De forma tal que un voto contundente pro-americano reafirma para ese inversionista un paso en la dirección correcta.  Ese voto a su vez, pudiera convencer algunos en el Congreso a declarar a Puerto Rico como territorio incorporado en fila y preparación para una futura estadidad.

  1. El resultado plebiscitario no habrá de alterar ni de impactar la realidad de un Gobierno en bancarrota, con un súper Régimen Federal sobreimpuesto a través de la Ley PROMESA, una Junta de Control Fiscal y un trámite judicial para administrar la quiebra con una juez federal que tendrá la última palabra sobre ingresos, egresos, pagos, obligaciones, prioridades y servicios. Tristemente, la llamada democracia puertorriqueña no es mucho más moral, ni ética que las llamadas “democracias populares” bolivarianas y castristas, que maquillan el autoritarismo con parapetos democráticos.

  1. La celebración del plebiscito le permite al Gobernador Rosselló cumplir la promesa electoral de mover el status y de disponer de la misma por los próximos tres años, para concentrarse en el cabildeo del mandato y lo que será el principal foco que demande su atención: la economía y la crisis fiscal con la camisa de fuerza imperial de PROMESA y la JCFF.

La guerra desatada entre la Junta de Control Fiscal y el Gobierno de Rosselló a finales del mes de junio por las partidas presupuestarias y la exigencia de la Junta para que se recorten bonos y jornada laboral, complicaría aún más la resolución del status y agravaría la contracción económica.  Al terminar el primer semestre del Gobierno Rosselló, queda claro que el Gobierno de los Estados Unidos no le dará paso a la descolonización, mientras Puerto Rico no acceda a las demandas de los acreedores.  Es decir, los derechos humanos y civiles fundamentales están lastrados y supeditados a los imperativos del interés económico.  Todo ello con el agravante de que la Junta de Control Fiscal y el Congreso se han negado a otorgarle a Puerto Rico: Plan de Rescate Fiscal, préstamos puente y trato igual en programas de Medicare/Medicaid para ayudar a la colonia a salir del atolladero.

  1. En términos políticos, aunque la votación fue suficiente y legítima para sostener el reclamo de un mandato, la misma no fue abrumadora. Básicamente, el medio millón que acudió a las urnas fue la base estadista del PNP.  Aun así, solo acudieron al llamado 5 de cada 7 electores de Rosselló en el 2016, y el PNP continúa sin poder rebasar el muro de contención sicológico que le impide convencer a electores populares y no afiliados a unirse a las filas estadistas.

  1. Aunque el liderato municipal del PNP trató de atribuir la baja participación al factor de la inmigración, lo cierto es que como organización, el partido de gobierno hizo muy poco para movilizar e inspirar electores y no fue hasta las últimas tres semanas que realizó limitados gestos de proselitismo. El abismo negro de la bancarrota colonial forzó al Gobernador a atender los imperativos categóricos de la quiebra, del Plan Fiscal, del presupuesto, de los recortes, de PROMESA, de la Junta de Control Fiscal y de los barruntos callejeros de una huelga universitaria promovida por oposición y sindicatos socialistas que, sin duda alguna, desgastaron y desanimaron el voto.  Lo cierto es, que el PNP como estructura se quedó muy corto en movilizar.  El coloniaje volvió a chuparse y agotar sus energías.

  1. La campaña del boicot y del anti-estadoísmo esta vez no fue esencialmente promovida por los partidos de oposición que, en efecto, llamaron al retraimiento. Si algo quedó claro de los últimos tres meses, es que la más feroz y tenaz oposición al plebiscito, a la estadidad y a las gestiones del gobierno estadista provinieron de los medios de comunicación y principalmente de los telediarios, las cadenas televisivas WAPA y Telemundo y de los servicios digitales Noticel y Metro.  Eso le plantea al joven Gobierno un dolor de cabeza mediático, desinformativo y propagandero de una prensa hostil que opera como baluarte opositor y que ofrece millones de dólares en “free opposition”.  La falta de respeto hacia estadistas, la ausencia de objetividad y balance y la proliferación de “fake news” proyectan para este Gobierno el efecto de una prensa que lo trata como su enemigo y que al tener relativo éxito en desanimar la intención de voto, habrá de envalentonarse y crispar, aún más, sus esfuerzos por desestabilizarlo y tumbarlo.

  1. En cuanto a la oposición, las previsiones no son mucho mejores. Ciertamente, la baja participación le resta impacto a la victoria estadista y extiende el tiempo de velatorio y de embalsamamiento de un status territorial que falleció hace mucho tiempo, que ha recibido en dos ocasiones la repulsa del electorado y que el Partido Popular todavía insiste en cargar a cuestas a lo valenciano del Cid Campeador.  En la medida en que no cambien las cosas, el coloniaje territorial permanece.  Eso de por sí es un logro realizado sin la necesidad de votar.

  1. Lo cierto es que, al cabo de cinco años, dos plebiscitos después y pasado una derrota electoral, la narrativa y el lustro del ELA territorial llegó a su fin. Desde 1993 el ELA territorial no ha hecho más que perder apoyos en la masa.  En el 1993 perdieron la mayoría absoluta.  En el 1998, se obtuvo menos del 1% voto por el territorio y por la libre asociación.  En el 2012, 54% votó en contra de la relación actual.  Y en el año 2017, ni se atrevieron competir en las urnas.  Durante los últimos cinco años, la Estadidad le ha ganado con dos súper mayorías y en votos sostenidos.  De hecho, en términos numéricos entre las elecciones del 2012 y 2016, los candidatos a gobernador por el PPD perdieron 260,000 votos. Peor aún, sin alianzas estratégicas con el sector  socialista-independentista, el Partido Popular no puede ganar elecciones.  En el 2004 prevalecieron ayudados por un golpe de estado judicial que le adjudicó a Aníbal Acevedo Vilá los controversiales “pivazos”.  En el año 2008, perdieron por 230,000 votos.  En el año 2012, ganaron por ½% o 12,000 votos.  Y en el 2016, perdieron por 60,000 votos, con una base electoral decimada al 39%, de 70% en 1952

  1. Pese a todo lo anterior, el Partido Popular y el Independentismo parecen haber erigido una infranqueable muralla al cambio de status y a la recuperación fiscal y económica. Todo ello, alentado por el desdén por las instituciones democráticas, la apatía electoral, el desinterés por el status, la resistencia a la estadidad y la defensa a brazo partido del status quo por parte del régimen mediático. Podrán perder elecciones y no tener los votos para defender sus fórmulas de status, pero el territorio colonial permanece incólume.  Lo que supone un mayor deterioro económico y fiscal.

  1. Independientemente de lo que se pueda opinar sobre quién ganó o perdió el plebiscito, hay una realidad demográfica que no se puede negar. El éxodo y la migración de boricuas se acelerará en el coloniaje y no solo afectará la capacidad taquillera de los dos partidos mayores, sino que también propenderá al estancamiento y a la inmovilidad económica y fiscal.  Esto a su vez, producirá mayor frustración, desilusión y decaimiento económico.  Al grado que no cambien las cosas, más ciudadanos se frustran y deciden coger las maletas.  Lo que supone una mayor erosión de la base productiva y contributiva del país con el agravante social y económico que conlleva.  Recordemos que en Puerto Rico más de 5 millones ya votaron un cambio hacia la estadidad con sus maletas.

  1. El boicot podrá ser bueno para los que no quieren cambio, pero precisamente el tranque y la imposibilidad de cambiar producen más apatía, más desinterés, menos fe en nuestras instituciones democráticas, más desesperanza, menos confianza del consumidor y finalmente, más aviones fletados a la estadidad. Ese laberinto sin salida sumado al acelerado deterioro de la economía con la austeridad extrema que impone la Junta, pudiera provocar el fin de la ilusión democrática.  Si el sistema está diseñado para nunca cambiarse ni poderse reformar, para muchos de los que todavía quedan en la Isla, la única salida será el escape a la igualdad, a la dignidad y a la estadidad que se les ha negado en su propia patria.  Y esa huida, termina por acabar la posibilidad de recuperación.

  1. Como si todo lo anterior fuera poco, hay algo funesto y socialmente destructivo en la narrativa triunfalista de una prensa separatista-antiyanki y una oposición que glorifican y justifican la abstención o el ningunismo electoral como bloqueador a las iniciativas de cambio político y económico. Esa narrativa es esencialmente destructiva y subversiva por las siguientes razones: 1) porque falsamente le atribuye una intención inatribuible y una expresión “muda” al que decide no expresarse en las urnas; 2) porque desacredita el sistema electoral como instrumento democrático para la toma de decisiones y el cambio social; 3) porque por 20 años le dice al Pueblo que el votar por ninguna de las anteriores, el tirar papeleta en blanco y el no ir a votar, son expresiones de mandato electoral superiores al votar por algo; 4) porque sobre-impone en el rango de prioridades y legitimaciones, el silencio de los que no votaron por encima de la legítima expresión de los que sí lo hicieron; 5) porque propende a restarle credibilidad a las instituciones y legitimar procesos democráticos; 6) porque recompensa al que no participa y le dice que siempre ganará si no se inmiscuye; y finalmente 7) porque le da supremacía a la interpretación acomodaticia de aquellos que no participan, en menoscabo del mandato legítimamente emitido en las urnas.

Esa narrativa no puede hacer otra cosa, que conducir al puertorriqueño al cinismo, a la desconfianza total en sus instituciones y procesos democráticos, al desamparo, al desespero, a la frustración y eventualmente hacerlo vulnerable a los cantos de sirena de un amenazante y creciente populismo que se cierne sobre nuestra frágil democracia.

Puerto Rico está en la misma encrucijada histórica de Cuba en los 40 y los 50 y de Venezuela en los 80 y 90.  La desilusión con el sistema, permite que se cuelen los populistas y el socialismo redentor.

  1. Es irónico que el poder imperial estadounidense permita que Puerto Rico se deslice cuesta abajo en la chorrera del populismo y del socialismo que han seguido las economías cubanas, venezolanas, bolivianas y nicaragüenses, a la misma vez que gasta trillones de dólares en el Medio y Lejano Oriente en guerras inganables y en el intento de llevar estabilidad económica y democracia a naciones extranjeras que no tienen el menor interés de adoptar los valores y la cultura democrática y económica de la Nación Americana.

  1. En última instancia, este absurdo tranque que pudo haber sido manejado con la compasión, la inteligencia, la persuasión y el sentido común con que Europa trabajó las crisis de la deuda soberana de Portugal, Irlanda y Grecia, nos temeos habrá de redundar en un fundamentalismo de austeridad sin salvamento y una encerrona de derechos humanos, que a su vez degenere en más éxodo, mayor decaimiento económico, menos capacidad de repago y eventualmente a un peligro inminente de disolución social, caos y anarquía.

El verdadero escándalo de nuestra época no es que Estados Unidos va a terminar perdiendo las guerras de Afganistán y de Iraq a costo de su bancarrota fiscal.  El verdadero escándalo es que la indolencia y la ceguera congresional y ejecutiva también logre perder a Puerto Rico y que a final de cuentas, terminen viviendo en los estados 7 millones de puertorriqueños, mientras que se quedan en la Isla menos de 1 millón de los enemigos de la democracia americana.  Ese desplazamiento de toda una comunidad étnica repatriada a otros lares, no se ha visto en este Continente en esas proporciones más típicas de holocaustos y guerras.

  1. En vista de que las circunstancias han atado inexorablemente el tema de la crisis fiscal y el desarrollo económico con el reclamo de derechos civiles y de descolonización de parte de los puertorriqueños, la única solución posible a la recuperación económica es precisamente todo lo contrario a la interpretación de tranque e inmovilismo que se le ha pretendido dar. Atrapar a Puerto Rico en la trampa para que se entrampe y se enrede más, no es solución viable.

  1. Negarle peso moral al mandato irrevocable de las urnas y regateárselo por sus deudas coloniales, es ayudar a prenderle más fuego al estado-patria puertorriqueño.

  1. Es obvio que en el marasmo y deterioro colonial que se encuentra la Isla, no hay manera que pueda prosperar ni recuperar. Por ende, la viabilidad económica de la Isla depende en que la misma sea metódicamente descolonizada hacia la estadidad federada, con las consecuencias económicas y financieras que la integración conllevaría.  Ni la independencia ni el coloniaje, son soluciones rentables o queridas por los boricuas.  Solo en la estadidad, Puerto Rico podrá salir del entuerto, reestructurar y pagar sus deudas y comenzar un verdadero, estable y acelerado desarrollo económico hacia el primer mundo, para beneficio de los Estados Unidos y de sus ciudadanos en la Isla.  Los puertorriqueños no merecemos menos que la igualdad y la promesa que esa ciudadanía americana nos confiere, como cuestión de justicia y por derecho propio.  ¡Ni nada menos, ni mucho más!

 

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