El Blog de Montaner

En España, la percepción del Estado pasa por un pésimo momento debido a los escándalos de corrupción. Por una parte, está afectada la monarquía por las acusaciones de corrupción, todavía en la fase judicial, contra el yerno del rey, Iñaki Undargarín, esposo de la Infanta Cristina y Duque de Palma.

Por otra, están las oscuras denuncias contra el tesorero del Partido Popular, Luis Bárcena, de quien se alega que posee inexplicables cuentas en Suiza que sobrepasan los 22 millones de euros. Supuestamente, algunos de los dirigentes del PP, el partido de gobierno, cobraban sobresueldos en efectivo, dinero que no declaraban al fisco.

El presidente del Partido Popular y del Gobierno, Mariano Rajoy, ha negado enfáticamente esa acusación, que no ha sido probada en los tribunales. Y ahí quería llegar: tribunales. La única forma que tiene cualquier país de enfrentarse a la corrupción es si tiene un sistema judicial independiente, profesional, objetivo y dispuesto a hacer justicia, caiga quien caiga. Las sociedades entienden que hay un porcentaje bastante grande de sujetos movidos por la codicia, capaces de violar las leyes y apoderarse de lo ajeno. Pero lo que desacredita a los estados no es la existencia de ese viejo y lamentable fenómeno, tal vez parte de la naturaleza humana, sino la impunidad.

Si en América Latina suele haber un divorcio muy grande entre la sociedad y el Estado, no es por porque en muchos países los políticos y los funcionarios roben, o porque las fuerzas de orden público se conviertan en bandas de delincuentes o en aliados de los delincuentes, sino porque las personas se sienten desamparadas en un sistema en el que la justicia no funciona, no se persigue a quienes violan las leyes y, con frecuencia, maltratan y hasta asesinan a quienes protestan. En España, al menos hasta ahora, la justicia parece funcionar, caiga quien caiga. Ésa es la única garantía de que el sistema puede sobrevivir. La única.