El Blog de Montaner

Bienvenido al Blog de Carlos Alberto Montaner

Carlos Alberto Montaner nació en La Habana, Cuba, en 1943. Reside en Madrid desde 1970. Ha sido profesor universitario en diversas instituciones de América Latina y Estados Unidos. Es escritor y periodista. Varias decenas de diarios de América Latina, España y Estados Unidos recogen desde hace más de treinta años su columna semanal.

02 June 2011 ~ 0 Comentarios

Austerity and political suicide

The Miami Herald

Austerity and political suicide

BY CARLOS ALBERTO MONTANER
www.FirmasPress.com

In Spain, voters have punished the Socialists severely at the polls because, after several years of fiscal irresponsibility, a huge public debt, unnecessary expenditures and growing unemployment, the Socialist government found itself forced to rule with prudence and began to tighten the people’s belts.Simply put, voters don’t support the politicians who carry out the feared adjustments. While budget trims are an abstract topic of discussion, everybody seems to understand that it is not possible to spend more than one produces for a long time because bankruptcy soon follows.

But when that reasoning becomes public policy, everyone who finds himself affected blames the government for his woes and withdraws his support.

It’s a universal phenomenon. In a few months, the brand-new governor of Florida has become one of the most rejected politicians in the United States. It is true that he’s not a warm person, nor is he endowed with that natural attraction called charisma, but his growing unpopularity derives not from his psychological features but from the austerity measures he takes to deal with the crisis that Florida is going through.

He was elected to keep the state’s accounts in order, yet when he began to reduce costs and eliminate public employees, the general reaction was repudiation.

That phenomenon originates in a problem that has a very difficult solution: the voter does not perceive the symptoms of bad government, only the apparent benefits he derives. Carefree and continuing public expenditure — especially if part of it is spent in direct subsidies — is seen as proof of the preoccupation of politicians with society, not as clumsy handling of the collective resources.

The voter doesn’t feel that the politician is assigning to him money that he has previously removed from the own voter’s pocket. Even less alarming is the knowledge that he has contracted a debt that someone will have to pay someday. All he cares about is living better than his real income allows. The sun will come out tomorrow, you’ll see.

That explains the scant importance of the accusations of corruption during political campaigns. The voter doesn’t much care if the politician seizes public funds, receives kickbacks or takes advantage of his post to favor his cronies. Behind that moral indifference is the false feeling that the misdirected funds don’t belong to him.

The voter doesn’t realize that corruption not only rots the foundations of democracy but also makes all transactions more expensive. That briefcase full of cash that lands in the pockets of corrupt politicians is eventually paid for (somehow) by the eventual consumers of goods and services.

There are only two ways to deal with this problem.

•” The first is full disclosure. Same as when you buy a package of cigarettes you are told that you have just shortened your life because tobacco causes cancer, emphysema, respiratory distress and damaged gums, society should make clear the consequences of all public expenditures, the way the “public choice” economists try to do, without much success.

It is important that society should perceive that there is no such thing as good largesse, even though some may benefit in the short run.

•” The other way is to create constitutional locks and bulletproof legislative impediments to reduce the temptation to misspend. If the budgets are made inflexible, if legal limits are placed on the percentage of public employees and the salaries they receive, and if every expense must be approved by a comptroller given the bitter task to prevent excess and prodigality, the voter might be tempted to support the good politicians, not those who incur in mythical social expenditures.

In our democratic system, the idea that a common good exists is a fallacy. What exists are private interests defended tooth and nail by the pressure groups with some access to power. That’s sad, but it’s an idea worth understanding.

01 June 2011 ~ 3 Comentarios

Austeridad y suicidio político

En memoria de Adolfo Rivero Caro

Por Carlos Alberto Montaner*

(FIRMAS PRESS) En España han castigado a los socialistas severamente en las urnas porque después de varios años de irresponsabilidad fiscal, enorme deuda pública, gastos innecesarios y desempleo creciente, se vieron obligados a gobernar con prudencia y comenzaron a ajustarle el cinturón a la población. Los electores, sencillamente, no respaldan a los políticos que llevan a cabo los temidos ajustes. Mientras el recorte es un tema abstracto de discusión, todo el mundo parece comprender que no es posible gastar más de lo que se produce durante un tiempo prolongado porque sobreviene la quiebra. Pero cuando ese razonamiento se transforma en políticas públicas, todo el que se ve afectado culpa al gobierno de sus desdichas y le quita su apoyo.

Es un fenómeno universal. En pocos meses el flamante gobernador de la Florida se ha convertido en uno de los políticos más rechazados de Estados Unidos. Es cierto que no es una persona cálida, ni está dotado de esa atracción natural que suelen llamar carisma, pero su creciente impopularidad no deriva de sus rasgos psicológicos, sino de las medidas de austeridad que toma para enfrentarse a la crisis que atraviesa Florida. Lo eligieron para poner orden en las cuentas del Estado, pero cuando ha comenzado a reducir gastos y a eliminar empleados públicos, la reacción general ha sido el repudio.

Este fenómeno se origina en un problema que tiene muy difícil solución: el elector no percibe los síntomas del mal gobierno, sino los aparentes beneficios que recibe. El gasto público alegre y continuado –especialmente si una parte se dedica a subsidios directos– es visto como una prueba de las preocupaciones de los políticos con la sociedad y no como un manejo torpe de los recursos de la colectividad. El elector no siente que el político está asignándole un dinero que previamente le ha extraído del bolsillo, y todavía le resulta mucho menos alarmante la noticia de que se ha contraído una deuda que alguien tendrá que pagar algún día. Precisamente, no hay nada que disfrute más que vivir mejor de lo que sus ingresos reales le permiten y ya se verá por dónde sale el sol.

Eso explica la escasa incidencia que tienen las acusaciones de corrupción en las batallas electorales. Al elector no le importa demasiado si el político se apodera de los bienes públicos, recibe coimas y se vale de su cargo para favorecer a los amigos. Detrás de esa indiferencia moral está la falsa sensación de que los fondos desviados no le pertenecen. Ni siquiera advierte que la corrupción no sólo pudre los cimientos de la democracia, sino, además, encarece todas las transacciones. Ese maletín lleno de dinero en efectivo que va a parar al bolsillo de los políticos corruptos luego lo pagan de alguna manera los consumidores finales de bienes y servicios.

Sólo hay dos formas de enfrentarse a este problema. La primera es la información descarnada. De la misma manera que cuando uno compra una cajetilla de cigarrillos le comunican que acaba de acortar su vida porque el tabaco produce cáncer, enfisema, irritación de las vías respiratorias y de las encías, la sociedad debe hacer patente cuáles son las consecuencias de todo gasto público, como tratan de hacer, sin mucho éxito, los economistas del “public choice”. Es muy importante que la sociedad perciba que no hay dispendio bueno, aunque algunos se beneficien a corto plazo.

La otra manera es generar candados constitucionales e impedimentos legislativos blindados para que disminuya la tentación al malgasto. Si los presupuestos se hacen inflexibles, si se les pone límites legales al porcentaje de empleados públicos y a los salarios que pueden devengar, y si cada gasto tuviera que ser aprobado por un contralor elegido para esa amarga función de impedir los excesos y la prodigalidad, probablemente el elector tendría la tentación de respaldar a los buenos políticos y no a los que más incurren en los míticos gastos sociales.

En nuestro sistema democrático la idea de que existe y se percibe un bien común es una falacia. Lo que existen son intereses particulares defendidos a dentelladas por los grupos de presión con algún acceso al poder. Eso es triste, pero es bueno entenderlo.[“©FIRMAS PRESS]

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31 May 2011 ~ 0 Comentarios

“A España le conviene salir de Zapatero, que es un tipo minuciosamente incompetente”

26 May 2011 ~ 0 Comentarios

El Futuro de Zapatero

23 May 2011 ~ 0 Comentarios

Elecciones en España

20 May 2011 ~ 0 Comentarios

Las revelaciones del IIEE 02

16 May 2011 ~ 0 Comentarios

SEBRELI Y GIOFFRÉ ENTREVISTAN A MONTANER PARA LA TELEVISIÓN EN BUENOS AIRES

13 May 2011 ~ 0 Comentarios

Correa entre la democracia liberal y la democracia dictactorial

El presidente Rafael Correa convocó a un referéndum para cambiar a Ecuador y acabó descubriendo que quien debe cambiar es él. Cuando redacto estos papeles no se sabe si ganó o perdió la consulta (probablemente triunfó por los pelos), pero lo importante ha sido confirmar que el país está dividido a la mitad, lo que anula la suposición de que sólo lo adversan los “pelucones” de la burguesía urbana.

No era cierto: en esa mitad que votó en su contra necesariamente hay cientos de miles de ecuatorianos de los niveles sociales más pobres, incluidos muchos indígenas, y un gran sector de la clase media. Correa no ignora, además, que si en el cómputo se tienen en cuenta las boletas anuladas o en blanco –es decir, electores que no respaldaban sus propuestas–, como suele ser la regla en ese tipo de comicios, habría salido claramente derrotado. Cambió las reglas para beneficiarse.

Si Correa fuera un estadista sereno advertiría que en el país no hay consenso para su “revolución ciudadana”, en la medida en que tras esa etiqueta se esconde el propósito de dotar al presidente de unos poderes ilimitados. La inmensa mayoría de los ecuatorianos seguramente está de acuerdo con él cuando afirma que el poder judicial está podrido –como prácticamente todo el aparato estatal–, pero la forma de adecentarlo no es entregarle toda la autoridad al Ejecutivo para que haga lo que le da la gana. El país no quiere jueces venales, pero tampoco quiere que el Presidente asuma los otros poderes que equilibran y dan sentido y forma a la estructura republicana.

La mitad de los ecuatorianos tampoco está de acuerdo en controlar las informaciones y las opiniones que vierte la prensa. De eso se encarga el consumidor con su preferencia diaria. Si no le gusta el periódico, no lo compra. Si no le gusta la estación de TV o de radio, simplemente, cambia de canal. Lo que no es de recibo es que el Presidente, obcecado por su naturaleza colérica, demande judicialmente a los periodistas que lo critican, encarcele a los ciudadanos que le enseñan el dedo medio en señal de desaprobación, y pretenda convertir a los medios de comunicación en un amable coro de sicofantes.

La función del Estado no es vigilar a la prensa sino al revés. Lo grave no es que los accionistas de un diario lo sean también de una cementera o de una fábrica de tornillos, sino que el Estado controle medios de comunicación en donde jamás van a investigar la actuación de los funcionarios públicos y mucho menos condenar al Presidente. Ahí sí existe un enorme conflicto de intereses que no es tolerable en una sociedad realmente moderna y progresista.

Lo que pretende hacer el presidente Correa –y ojalá desista tras los resultados del referéndum— es demoler los cimientos de la “democracia liberal” y sustituirlos por una “democracia dictatorial”. Y no estoy jugando con las palabras. La democracia liberal es el tipo de Estado en el que la masa consiente en ser gobernada si constitucionalmente se protegen los derechos

individuales, incluido el de propiedad, si se establece una división de poderes que limita la autoridad de los mandatarios, y si existe una economía de mercado en la que la función de producir recae, fundamentalmente, en la sociedad civil. O sea, el modelo de convivencia que encontramos en los treinta países más desarrollados y felices del planeta.

En cambio, la democracia dictatorial, descrita y defendida por el dominicano Juan Bosch en un ensayo de 1969 titulado Dictadura con respaldo popular, revivida por Chávez en el llamado Socialismo del siglo XXI, con antecedentes remotos en el despotismo ilustrado de los siglos XVII y XVIII, es un tipo de Estado en el que la autoridad, ejercida por un caudillo excepcional legitimado en las urnas por una mayoría que abdica de sus derechos y del control de sus vidas, se le impone a la masa, supuestamente para su gloria y beneficio, algo que casi nunca sucede en la práctica, porque los 30 pueblos más pobres y desdichados del planeta caen, precisamente, en esa categoría.

¿Rectificará el presidente Correa? Ojalá, pero me temo que no. Estamos ante un problema de deformación del carácter. Sé que la conducta se puede transformar, pero para ello el sujeto tiene que estar avergonzado de ciertos comportamientos negativos y no hay síntomas de que Correa sea capaz de asumir humildemente una visión autocrítica. No está en su naturaleza.

10 May 2011 ~ 0 Comentarios

Reformas en cuba

El analista Carlos Alberto Montaner opina sobre la posibilidad de que los cubanos puedan viajar al exterior sin restricciones (9 de mayo)

09 May 2011 ~ 0 Comentarios

El modelo Chileno II

Carlos Alberto Montaner habla con el ministro de la presidencia de Chile sobre la estrategia comercial del país (7 de mayo)